El pasado martes 22 de marzo, mientras la flamante ministra de Justicia, Marcela Ríos, esperaba en un pasillo del Congreso Nacional para ser entrevistada por CNN Chile por el proyecto de ley de amnistía a los presos de la revuelta, un Extra noticioso rompió las pautas, y cambió las primeras preguntas de la entrevista: Tras 8 meses en toma, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, hacía entrega de la sede central del organismo, ubicada en calle Eliodoro Yáñez, a los trabajadores del servicio, un día antes de que se cumpliese el plazo establecido por la Contraloría General de la República para que la Dirección del Instituto recuperara el inmueble.

Los términos y la operativa de la entrega de la sede, no dejaron de llamar la atención: El edificio fue entregado a los funcionarios/as de la institución, tras una negociación en la que la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, sirvió sólo como mediadora. La condición de entrega, fue el establecimiento de una mesa de trabajo que apunte a un programa de reparación integral para los centenares de víctimas de violaciones a los derechos humanos en el Estallido Social entre las organizaciones de víctimas y familiares, el Ministerio de Justicia y la Subsecretaría ya mencionada, y la libertad de los presos políticos de la revuelta.

Todo lo anterior, en forma y fondo, se produjo y fue diseñado dejando totalmente fuera de las conversaciones al Consejo del INDH, y especialmente a su director, Sergio Micco, a quien ningún actor involucrado reconoce interlocución, voz, o incluso legitimidad en su cargo.

Más allá de lo obvio -el edificio fue desocupado sin un poco estético desalojo de Carabineros-, las certezas están instaladas. El INDH ha sido, históricamente, un paria en nuestra institucionalidad. Para la derecha y los sectores conservadores, no es más que un reducto de izquierda, un premio de consuelo asaz generoso para las organizaciones de DDHH. Para las víctimas, es una institución inocua e irrelevante, un paliativo casi insultante ante los imperdonables pactos de impunidad de la Transición.

Lo anterior, tiene especial correlato cuando se producen hechos que pudiesen constituir violaciones a los Derechos Humanos. Ahí, el rigor y el vigor parecen estar siempre en otro lado: El gobierno de turno respalda irrestrictamente a los altos mandos de Carabineros, mal que mal, la responsabilidad política de su actuar está en La Moneda. El INDH no tiene ningún rol más allá de su presencia en las calles y presentar querellas. Una vez consumados los hechos, todo corre por carriles que parecen herméticos: Las denuncias por eventuales abusos son investigadas, sin excepción, por instancias internas de Carabineros y Fuerzas Armadas, para luego pasar directamente a tribunales y al Ministerio Público.

Ni hablar por supuesto de una participación activa en la formación en DDHH de los uniformados. El INDH no pisa los cuarteles, y a casi dos años y medio del Estallido Social, no tenemos registro siquiera de una reunión telemática entre los mandos de la policía y el INDH. En este escenario, su rol parece estrictamente constreñido a la abnegada y casi heroica labor de sus funcionarios y funcionarias, que recorren comisarías y servicios de urgencia tras las protestas vestidos de amarillo, llenando formularios y recogiendo testimonios tras haber, en muchos casos, sufrido el rigor de la represión a la par de los manifestantes.

Como corolario, el Estallido Social sorprendió a la institución sumida en una profunda y prolongada crisis, que supera largamente a los episodios que le quitaron el piso al Director Sergio Micco e incluso a los que desencadenaron la toma. Subdotado en personal, sin herramientas ni recursos suficientes para hacer frente a los centenares de denuncias por violación a los Derechos Humanos a partir del 18 de octubre, gobernado por un consejo directivo dividido y dirigido por un funcionario sin liderazgo y sin capacidad de gestión.

El fin de la toma no resolverá la crisis del INDH. A lo sumo, resolverá la justificada ansiedad de Contraloría respecto al gasto fiscal en arriendo por oficinas en desuso. Mientras tanto, el Instituto se hunde en la irrelevancia sin que alguien invierta verdadera convicción en darle un verdadero sentido.

*Foto: Referencial, internet

*Editorial publicada en la Edición 10 de revista Grito