En los últimos meses del gobierno de Sebastián Piñera, y los primeros de la administración de Gabriel Boric, la agenda de seguridad incrementó su estridencia habitual.

La mediatización de la violencia en nuestra sociedad ha dado lugar a un sistema de significados que denota no sólo los profundos sesgos que nos segregan, sino que, además, la reafirmación diaria de los mismos.

En Chile la única violencia que preocupa parece ser la que se ejerce sobre un determinado sector de la sociedad. Por alguna razón, de alcance más socio-histórico, se tiene la idea profundamente clasista de que la violencia sería inherente a los sectores vulnerables. Entonces, cuando la violencia barrial o narco sale de los sectores periféricos y llega al centro de las grandes ciudades, como ha ocurrido en los últimos meses, las audiencias tienden a “descubrir” un problema social que parece nuevo.

Lo mismo ocurre con la violencia rural. El proverbial fracaso, o franco desinterés, por parte de la autoridad en avanzar en definiciones claras de los conceptos de terrorismo, delincuencia y/o crimen organizado, y el uso del miedo como una herramienta de marketing político, nos lleva a absurdos como el actual: Las bandas armadas que roban madera en el sur son un problema político, pero la lucha de las comunidades mapuche por autonomía o recuperación de territorio tras despojos históricos, y la violencia política a la que recurren, constituye un fenómeno delictual o, incluso, terrorista. Infantil, rentable y conveniente paradoja.

Si a esto sumamos el componente de la migración, que avanza activando todas las xenofobias y racismos, tanto latentes como manifiestos, se configura un cuadro complejo, especialmente tras el homicidio de Francisca Sandoval, donde el escenario más esperable posible -enfrentamiento entre encapuchados y locatarios y tenderos- que devino en un ataque criminal, no fue advertido ni anticipado por la autoridad, que teniendo a la mano todas las herramientas, además del enorme poder del Estado, no fue capaz de prever algo que cualquier peatón hubiese deducido a simple vista.

Ante lo anterior, la pregunta surge espontánea: ¿Cuál es la política en materia de seguridad? ¿Cuál es la idea central detrás de las acciones del gobierno? El eterno diagnóstico es inaceptable. Que autoridades electas sigan reaccionando a los hechos con discursos de campaña, criticando al Estado o al gobierno comunal que administran como si aún estuviesen compitiendo por él en contienda electoral es inadmisible. La tarea ya debiese estar hecha y en proceso de implementación, el tiempo de los planes ya pasó, la reflexión ya debe estar sintetizada. Ya no es tiempo de pensar o proyectar, sino de poner en práctica lo que, se supone, ya ha sido trabajado exhaustiva y multidisciplinariamente.

Hasta ahora, seguimos en la misma lógica lineal que no nos ha llevado a ninguna parte: Hechos de violencia rural / Despliegue de tropas militares, visitas de autoridades a hospitales y comisarías y un nuevo influjo mediático de racismo. Asesinatos en plena vía pública / Lamentos, condenas y demostraciones de dolor o empatía que no sirven de nada, y más visitas al hospital. En los fríos números, hasta ahora sólo contabilizamos: Diagnósticos extemporáneos, discursos de campaña trasnochados y recetas simplistas y fracasadas de administraciones anteriores.

En Estados Unidos hay una muletilla que suele aparecer como lamentable epílogo tras todas las tragedias que azotan al país sucesivamente: “Our thoughts and prays are with the victims” (Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas). Tras la horrorosa masacre de la escuela primaria en Uvalde, Texas, donde Salvador Ramos, un joven de 18 años, asesinó a tiros a 19 menores y dos profesoras, la compasiva frase se ha convertido, afortunadamente creemos, en el símbolo de la inoperancia y la indolencia de la derecha norteamericana, financiada en gran parte por el lobby pro-armas, respecto al total descontrol en materia de tiroteos en el país, recibiendo agudas críticas por recurrir al “Thoughts and prays”, en lugar de ejercer acción legislativa para un control efectivo respecto a la venta de armas de asalto.

¿Irá Chile en camino a tener su propio “Thoughts and prays” local?

*Editorial publicada en la edición 12 de revista Grito

*Foto: Archivo revista Grito, por María Jesús Pueller